Pages Navigation Menu

Control de costes, macroeconomía y crisis económica

Control de costes, macroeconomía y crisis económica

El control de costes es una tarea vital en la gestión de cualquier empresa. Sólo un análisis minucioso y exhaustivo de los procesos de producción, los suministros, la red comercial, los recursos humanos, puede permitir que una empresa, no ya tenga éxito, sino simplemente sobreviva en un entorno competitivo. Sólo las empresas que disfrutan de algún poder de monopolio u operan en sectores regulados pueden pensar que la gestión adecuada de sus costes no es un trabajo fundamental.

Pero también desde el punto de vista de las autoridades, desde una perspectiva macroeconómica, el ejercicio de un control apropiado de los costes, de proyectar adecuadamente las implicaciones de nuestras decisiones, es, asimismo, esencial. Pondré tres ejemplos de gran actualidad relacionados con tres ámbitos de la política económica: el sistema financiero, la política fiscal y el mercado de trabajo.

En el sector financiero, el control de costes es obviamente muy importante, pero lo que es quizá más destacable de este sector es la incertidumbre que rodea buena parte de sus costes. En efecto, en la actividad bancaria tan importante es determinar los precios de los activos  y pasivos que se ofrecen, como prever las posibilidades de que el crédito concedido pueda resultar fallido en el futuro, dando lugar a pérdidas. Por tanto, una parte relevante de los costes bancarios son, en realidad, riesgos sobre la actividad crediticia, riesgos que son de una naturaleza diferente a la de los que enfrentan otras empresas. Ante estos riesgos, es claro que la respuesta ha de ser la de un manejo prudente de la cartera de créditos.

La crisis irlandesa se inició con un desplome del mercado inmobiliario, pero ha degenerado en una recesión muy brusca y en la necesidad de pedir ayuda financiera del exterior y adoptar un paquete de ajuste severo, debido a que el sistema crediticio ha mostrado que no manejó de forma prudente sus riesgos crediticios, proporcionando financiación en grandes cantidades a unos pocos promotores, y sin cubrir adecuadamente con provisiones los riesgos potenciales de que una crisis inmobiliaria llevara a la quiebra a esos deudores.

En España, afortunadamente, contamos desde hace una década con un instrumento denominado provisiones anticíclicas, por el que el Banco de España obliga a las entidades a aprovisionar una parte de sus créditos en el momento en que se conceden, en la idea de que, aunque el período sea de auge, la concesión de un crédito conlleva un riesgo que hay que tener en cuenta. Entre otras razones, gracias a esas provisiones, las entidades de crédito españolas han podido afrontar la crisis con un cierto colchón de recursos, que ha amortiguado el impacto de los créditos fallidos en la cuenta de resultados.

En el terreno de la política fiscal, las buenas prácticas empresariales (en términos de llevar una adecuada contabilidad y de analizar los costes de las medidas aplicadas) también habrían evitado grandes males a algunos países, como Grecia. Cualquier gestor sabe que manipular la contabilidad para que refleje una situación de la empresa más saneada no puede ser más que una solución de muy corto plazo, pero no una estrategia, por lo que es claro que manipular las cifras de déficit público para que aparezca una situación mejor que la real es una política suicida, como claramente demuestra el caso griego, que también ha necesitado del apoyo financiero internacional. En España no hay dudas de la veracidad de la contabilidad pública, pero sí pueden albergarse algunas sobre si los proyectos de gasto han sido siempre debidamente evaluados antes de ser adoptados. En particular, cabría pensar si el gran esfuerzo en inversión pública realizado en la última década ha respondido a un análisis serio de costes y beneficios (incluso, si se quiere, de rentabilidad social).

La sensación es que, en un período de abundancia de recursos, ha habido muchos proyectos con escasa rentabilidad, que han exigido desembolsos elevados y que ahora van a presionar sobre el gasto público (porque la inversión pública de hoy –carreteras, por ejemplo- es consumo público mañana –en mantenimiento, por ejemplo). Aeropuertos y carreteras con escasa utilización, líneas de alta velocidad de costes muy altos, proliferación de universidades, son sólo algunos ejemplos de esos proyectos. Una evaluación más rigurosa de todas esas iniciativas posiblemente habría conducido a desechar algunos de ellos, liberando recursos, permitiendo consolidar las finanzas públicas adicionalmente en la etapa de auge y dando un margen de maniobra a la política fiscal con el que, lamentablemente, ahora no contamos.

Finalmente, el mercado de trabajo ofrece un último punto de vista macroeconómico sobre las políticas de control de costes. En particular, los mecanismos de negociación colectiva, donde los acuerdos salariales a nivel de sector, región o provincia son tan importantes para muchas empresas, restringen sustancialmente la capacidad de los empresarios de gestionar no sólo sus costes laborales, sino, en general, las condiciones en que se desarrolla el trabajo. Obviamente, las empresas gestionan esos costes y los optimizan sobre la base de la estructura regulatoria existente. Pero el punto es que esa optimización seguramente se realiza con unos resultados en términos de empleo muy pobres, como la evidencia española atestigua.

Otros países, como Alemania, ante una crisis económica también muy grave, han arbitrado medidas de flexibilidad dentro de las empresas que ha permitido mantener los empleos, adaptando salarios y horas de trabajo. La experiencia española muestra, en cambio, que queda mucho camino por recorrer para acercar esos mecanismos de fijación de las condiciones laborales a la situación específica de cada empresa, que es al final el ámbito en el que se dirime la competitividad, tanto micro- como macroeconómica. La reforma aprobada el pasado mes de septiembre es un paso en la buena dirección, al permitir que empresas con dificultades puedan descolgarse de esa restricción que suponen los convenios colectivos, pero habría que complementarla con pasos más ambiciosos en la reforma de la negociación colectiva.

En suma, parece evidente que la gestión macroeconómica de nuestras autoridades se beneficiaría de introducir en ella algunos de los criterios con los que miles de empresarios y gestores afrontan cada día la batalla diaria en sus empresas.

ANA Mª CABEZAS

Directora del Área de Finanzas de IDE-CESEM. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales. Master en Dirección Financiera y Control. Master en Administración y Dirección de Empresas (MBA) y SEP. Cuenta además con un Master en Gestión de Fundaciones y ONG. Ha sido Jefe de Contabilidad de Empresarios Agrupados. Directora Financiera en Unión Resinera Española. Jefe de Administración en Bekox. Directora Financiera en People Trabajo Temporal. Controller en Grupo Afirma. Directora Financiera en Frapema. Actualmente, Directora Financiera y miembro del Consejo de Administración Planet Media, S.L. y Asgeco.

One Comment

  1. Gracias por la información muy interesante!

Leave a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*