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Productos Tóxicos o Diabólicos

Productos Tóxicos o Diabólicos

AITOR CANALES, Socio Director del Despacho Canales & Asociados

En los tiempos que corren, son muchos los que reciben con los brazos abiertos cualquier opción de ahorrarse un dinero que les permita un pequeño respiro económico. Esta era la idea que tenían muchos consumidores y clientes cuando su entidad bancaria le ofrecía un producto, que prometía convertirse en esa pequeña ayuda ante las dificultades económicas que azotan a la mayoría de las familias y empresas de este país.

Estos productos se presentaban a los clientes como un seguro ante una futura subida de tipos de interés (pactando un tipo fijo durante un período de tiempo de modo que en el supuesto de que los tipos subieran el cliente no iba a verse afectado). Sin embargo, en muchos casos nada se dijo sobre la posibilidad de que sucediese lo contrario y los tipos de interés bajasen.

Tales productos se denominan swaps (traducidos como permuta financiera) concretamente swap de tipos de interés, en los que se pactan unos tipos de referencia, de tal forma que si suben por encima del tipo pactado en ese momento, la entidad bancaria abonará la diferencia de la liquidación, pero si baja de ese tipo referencial corresponderá al cliente pagar la diferencia.

En muchos casos, no sólo se intercambia un tipo por otro (que es la finalidad del producto) sino que el banco se cubre fijando una serie de condicionantes ante la posibilidad de una importante subida de los tipos. Sin embargo, lo normal en estos casos extremos de subidas y bajadas de tipos, es que el cliente siempre gane muy poco (puesto que el banco se ha cubierto) y de darse el escenario contrario pierda mucho.

De este modo nos encontramos con supuestos en los que ante subidas desorbitantes (como por ejemplo del 20%) los condicionantes establecidos por el banco hacen que el cliente se encuentre con un tipo del 19.90%, de modo que la diferencia positiva para el cliente es del 0.10%. En cambio, ante bajadas como las actuales no hay condicionante alguno, por lo que en caso de tener pactado un tipo del 4% para un trimestre en el que los tipos están por ejemplo al 0.50%, la diferencia positiva para el banco va a ser de 3.50% (diferencia que puede ir incrementado a medida que los tipos bajan) mientras que en el caso contrario los condicionantes anteriormente mencionados impiden un mayor beneficio para el cliente.

El problema reside en que en la mayoría de los casos se desconoce lo que se está firmando, dejándonos asesorar por los comerciales de la entidad que, como ya ha sentenciado la Audiencia Provincial de Jaén, tampoco saben realmente lo que están ofreciendo. O quizá sí, porque casualmente ellas siempre ganan.

En este sentido el Banco de España ha puesto de manifiesto, en más de una ocasión, que “nos encontramos ante un producto financiero complejo que el cliente no es capaz de comprender” ya que las cláusulas del contrato carecen de la información necesaria para poder entenderlo. Así son muchos los que (una vez contratado el producto y tras haber observado las desventajas del mismo) optan por cancelarlo y cuando les informamos de que para ello han de desembolsar una cuantiosa cantidad de dinero, se llevan una sorpresa.

Sorpresa, engaño o abuso de confianza que radica en el desconocimiento por parte del consumidor de cierta información que el banco debería ofrecer de forma clara, correcta, precisa, completa y entregar a tiempo para evitar su incorrecta interpretación por parte del cliente. Asimismo, las entidades bancarias deberían hacer hincapié en los riesgos que conlleva cada operación (muy especialmente en el caso de productos financieros de alto riesgo) de forma que el cliente conozca con precisión los efectos de la operación que contrata.

Sin embargo, en muchas ocasiones el cliente no ha sido informado de forma completa y detallada de los riesgos que asume, de las fórmulas que la entidad utiliza en las liquidaciones, ni de cómo puede cancelar el producto.

Todos estos defectos se traducen en una falta absoluta de información, así como en un desequilibrio notorio entre el cliente y la entidad, que coloca a aquel en una situación de inferioridad y a esta en una posición dominante, a la que ha accedido abusando de la confianza de sus clientes y de la falta de transparencia del producto financiero.

Son muchos los nombres con los que cada entidad ofrece estos productos bancarios, que se han convertido en la pesadilla de muchos particulares y empresas, los cuáles se han visto soportando esta losa que, lejos de dirigirse a la causa para la que se contrató (seguridad), va en contra de la misma. En tales casos, dichos productos son totalmente nulos pues carecen de un válido consentimiento ya que la causa por la que se contrató no es real.

Esta oscuridad, ausencia de información y manipulación del cliente por parte de algunos bancos resulta contraria a la normativa de transparencia y protección de la clientela, a las buenas prácticas y usos financieros y demás normativa aplicable, como la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios (actualmente Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias), que deben respetar en todo momento, pues así lo establece la legislación de nuestro país. Sin embargo, dado que las entidades bancarias pasan por encima de ella con el único objetivo de beneficiarse, corresponde a los Tribunales hacerla respetar.

Para evitar tales situaciones, minimizar sus efectos perversos y establecer unas pautas a las que los bancos deban acogerse a la hora de ofrecer estos productos, se aprobó la directiva europea MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) que regula la prestación de servicios de inversión, transpuesta al ordenamiento Jurídico español por la Ley 47/2007, de 19 de diciembre, por la que se modifica la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.

Si bien esta Directiva presenta como uno de sus principales objetivos la protección de los clientes de las entidades financieras, corresponde a los bancos su cumplimiento (así las entidades financieras deberán establecer unas reglas mínimas de gestión, especialmente en lo referente al modo en que informan, asesoran o venden productos financieros a sus clientes o potenciales clientes). A pesar de ello, el cliente continuará estando indefenso ante el ofrecimiento de posibles “productos tóxicos” si esta información no se ofrece de forma comprensible, transparente y manteniendo criterios de absoluta reciprocidad.

No obstante, con esta directiva tenemos un argumento más al que acogernos, a la par que una tendencia proteccionista del cliente.

Revista Innovatia 28

Aitor Canales es Socio Director del despacho Canales&Asociados, Director de la Cátedra Europea de Seguridad Vial y Movilidad creada por el Instituto Internacional de Ciencias Políticas, auspiciada por la Cátedra UNESCO de Ciencia Política y Administrativa Comparada y por la Cátedra “Robert Schuman” de Ciencia Política Europea. Canales, Master en Asesoría Jurídica de Entidades Financieras, es Consultor Científico por la Cátedra Española de Seguridad Vial y Movilidad, ha sido Miembro Fundador y responsable jurídico (hasta 2005) de la Asociación de ayuda y orientación a los afectados por accidentes de tráfico Stop Accidentes y pertenece a la Asociación de Abogados especializados en Responsabilidad Civil y Seguros. Asimismo, ha participado como letrado en el programa “De buena ley” en Telecinco.

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